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10 de enero de 2018

EEUU niega la entrada a Timerman por su situación judicial

Estados Unidos impidió la entrada al país del excanciller argentino Héctor Timerman, que se encuentra en prisión domiciliaria ante la investigación por su presunto encubrimiento de sospechosos de terrorismo iraníes, cuando se disponía a viajar para someterse un tratamiento contra el cáncer.

Según informaron fuentes del frente opositor Unidad Ciudadana, liderado por la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, Timerman fue avisado, antes de embarcar desde Buenos Aires en un vuelo con destino a Nueva York; de que el Departamento de Estado de EE.UU. había decidido revocarle la visa.

Semanas atrás, la Justicia argentina había aceptado que, previo aviso por antelación y a pesar de estar detenido en su domicilio, el ex canciller pudiera viajar al país norteamericano para someterse al tratamiento contra el cáncer que sufre, que se encuentra en una fase avanzada.

“Pero Estados Unidos, como cualquier país del mundo, tiene sus reglas y si ve que existe una prisión domiciliaria no le permite entrar”, remarcaron las fuentes, que insistieron en que “la única solución posible” es que el juez Claudio Bonadio, encargado de la causa que le afecta, acepte levantar esa detención preventiva.

Para Unidad Ciudadana, la “responsabilidad” de lo sucedido es de Bonadio y la Cámara Federal por dictar y confirmar, respectivamente, la prisión preventiva del ex canciller, a sabiendas de su grave estado de salud.

“Estados Unidos lo ha dejado ingresar de manera normal hasta que Bonadio y la Cámara tomaron esa decisión”, expresaron las fuentes.

Es por ello que la abogada Graciana Peñafort presentará un recurso pidiendo la excarcelación.

“Tanto Bonadio como la Cámara tienen que entender que es una cuestión de vida o muerte”, añadieron desde Unidad Ciudadana.

Timerman, quien se desempeñó como ministro de Exteriores durante el Gobierno de Fernandez de Kirchner (2007-2015), solicitará además que el Departamento de Estado revise su decisión y autorice su ingreso para que pueda continuar su tratamiento.

A principios de diciembre pasado, Bonadio ordenó prisión contra Timerman -domiciliaria, por su estado de salud- y detener a Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento, mediante un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque al centro comunitario judío AMIA en 1994, para lo que pidió al Senado, en el caso de la ex presidenta, que le despoje de los fueros que la protegen.

Hasta el momento, la Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández de Kichner, muy fragmentada, no ha decidido si atiende la solicitud de quitar la inmunidad a Fernández de Kichner -que juró su cargo el 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

La causa judicial se abrió tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella, Timerman y otros colaboradores del entonces Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan.

El fiscal aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la ex mandataria y su equipo siempre ha negado e insisten en que con él buscaban llegar a la verdad del atentado.

Entre los imputados están el fallecido presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayatí.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo terrorista libanés chií Hezbollah, fue el segundo contra objetivos judíos en Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.

Días atrás, Graciana Peñafort presentó un recurso ante la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, rechazando el procesamiento y la prisión preventiva dictada contra Fernández de Kirchner y su ex canciller, situaciones que ya fueron ratificadas en diciembre por la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires. EFE y Aurora


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