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15 de marzo de 2017

Ha llegado la hora de pedir cuentas a la ONU

Por Ben Cohen

Para quienes nos pasamos buena parte de 2016 preocupados –ateniéndonos a las incendiarias declaraciones del entonces candidato republicano– por el sentido de la política exterior de una futura Administración Trump, el discurso que dio el presidente en el Congreso el pasado 28 de febrero supuso un alivio.

Como siempre, hubo pocos detalles precisos y no se materializaron cambios importantes de rumbo, pero el mensaje subyacente era claro, y la orientación notablemente más centrada de lo que podía presumirse. Trump identificó correctamente el “terrorismo islámico radical” como el principal enemigo de Estados Unidos, pero también habló de la importancia de nuestros “aliados musulmanes”, aclarando así de la manera más nítida que no estamos en guerra contra el islam como conjunto.

La crucial alianza de EEUU con Israel –dejada de lado por el presidente Barack Obama y demonizada por figuras de la extrema derecha que apoyaron a Trump durante las elecciones– fue subrayada con entusiasmo. Asimismo, Trump mostró un ponderado apoyo a la OTAN, señalando que la Alianza se forjó sobre los vínculos de dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Este último punto fue particularmente gratificante, ya que hacía hincapié en la experiencia compartida de lucha contra el totalitarismo, que sigue siendo la base de nuestras alianzas tanto en el Atlántico como en el Pacífico: en un momento como este, en el que nos enfrentamos a regímenes sin escrúpulos como los de Irán y Corea del Norte, es el momento justo de recordar esa historia. Fue revelador que Rusia –publicitada por el Trump candidato como una aliada en la guerra contra el Estado Islámico, mientras menospreciaba a la OTAN– no fuera mencionada una sola vez en todo el discurso.
Si los principios democráticos han de guiar la política exterior de EEUU –si, como dijo John Adams, las “bendiciones y oraciones” de Estados Unidos estarán “allá donde el estandarte de la libertad y la independencia se haya desplegado o se deba desplegar”–, entonces es justo que reconozcamos el valor de nuestra histórica alianza con las demás democracias. Pero afirmar esos principios no debería impedirnos ver que las instituciones internacionales que han dominado el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial necesitan desesperadamente una drástica reforma.

Naciones Unidas no fue uno de los temas del discurso de Trump, pero su flamante embajadora en la ONU, Nikki Haley, se ha esforzado denodadamente por revitalizar el apoyo de Estados Unidos a Israel desde el nadir de la abstención, en diciembre del año pasado, en una votación del Consejo de Seguridad que criticaba duramente al Estado judío. Haley explicitó su descontento por el sistemático sesgo antiisraelí de la ONU; en este sentido, la Administración Trump está reconsiderando su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) alegando como principal motivo la obsesión del citado organismo por condenar a Israel.

Quienes creen que una retirada estadounidense sería una decisión desacertada y precipitada deberían recordar que el CDH ha tenido más de una década para organizarse. El CDH, creado en 2006, fue el sucesor del antiguo Comité de Derechos Humanos, organismo igualmente obsesionado con Israel. En su momento, había vagas esperanzas de que el CDH dedicara más energía a los peores maltratadores, pero ha persistido la desproporcionada atención sobre Israel. El CDH tampoco ha impedido que importantes violadores de los derechos humanos –desde Venezuela a Arabia Saudí– se alojaran en su seno y participaran en sus decisiones, porque en el universo de la ONU tener un terrible historial en materia de derechos humanos nunca te descalifica para juzgar el historial de los demás.
Especialmente si el historial que estás juzgando es el de Israel.

Si confrontar esta flagrante discriminación contra un Estado que fue admitido en la ONU en 1949 va a ser un signo de la posición de la Administración Trump respecto al organismo internacional, entonces es importante entender que la batalla abarca mucho más que el CDH. La podredumbre que hay que tratar es más profunda y comenzó hace 40 años; el 10 de noviembre de 1975, para ser exactos.

En esa fecha, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 3379 –de inspiración soviética– que equiparaba el sionismo con el racismo, resolución que fue rescindida en 1991. Menos conocida es otra resolución que se aprobó ese día, la 3376, por la que se creaba el pomposamente llamado Comité sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, lo que nos da el aparatoso acrónimo Cedipp (por sus siglas en inglés).

Entre los “derechos inalienables” que este comité vigila se cuenta, como explica inequívocamente la Resolución 3376, el “ejercicio de los palestinos de su inalienable derecho al retorno a sus casas y propiedades de las que fueron desplazados y desarraigados”. Nótese la terminología empleada aquí: no “refugiados palestinos de la guerra de 1948”, sino todos los palestinos, incluidos los nacidos después de 1948 en el mundo árabe, Europa, América del Norte y América Latina. No hay que profundizar demasiado para darse cuenta de que se trata de una fórmula para la supresión de la soberanía judía sobre la tierra de Israel; la misma fórmula que mueve a la campaña de odio del BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) contra Israel, a la que da un inmerecido aura de derechos humanos.

Durante más de 40 años –más, si recordamos que la ONU creó su primer comité antiisraelí, el… a ver, un momento… el Comité Especial para Investigar las Prácticas Israelíes en Materia de Derechos Humanos que Afectan al Pueblo Palestino y a Otros Árabes de los Territorios Ocupados (eso es: CEIPIMDHAPPOATC), en 1968–, Israel y otros países democráticos han dedicado recursos preciosos a la ONU mientras ésta ahondaba en su antisionismo institucionalizado. Desde 1979, el Cedipp ha sido manejado por una División para los Derechos Palestinos, con lo que ha producido un flujo interminable de propaganda antiisraelí por medio de conferencias internacionales y publicaciones.

(Y no, no hay una división para los derechos de los tibetanos, o de los kurdos).

Todo esto cuesta unos 6 millones de dólares al año. Para lo que se estila en las instituciones internacionales no es demasiado, pero si se considera en qué se podría gastar ese dinero, resulta bastante obsceno. A uno le gustaría pensar que esto es algo que el presidente Trump entenderá de forma instintiva, y que actuará en consecuencia.

© Versión original (en inglés): The Tower
© Versión en español: Revista El Medio


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